Modelos presidenciales

: Continuidad y ruptura
Política - Martes 2 de diciembre (14:27 hrs.)




Por Jacobo Caballero López/Colaboración especial



El Financiero en línea

México, 2 de diciembre.- Las elecciones presidenciales del 2 de julio del 2000, que dieron el triunfo a un candidato de oposición, significan uno de los más importantes acontecimientos en la historia contemporánea de México. El fin de la hegemonía del PRI, marca el fin de la etapa revolucionaria iniciada en 1910 y comienza la tan anhelada democracia, una de las metas de la Revolución.

Al paso del tiempo y gracias al éxito económico logrado a de mediados de siglo por los gobiernos pertenecientes a este partido se consolidó en el poder y con eso se olvidó el objetivo democrático. La falta de una reestructuración en la política económica que empezaba a mostrar sus límites, además de un creciente aumento de la corrupción, ocasionaron que el descontento social cada vez fuera más evidente.

La crisis de la deuda durante los años 80 ocasionó que el gobierno revisara su enfoque en materia económica. No obstante, la reorientación en materia económica y de gobierno no fue aceptada de manera generalizada. La resistencia hacia las nuevas corrientes, los cambios en la política económica y la concentración del poder político, ocasionó que se generaran oposiciones dentro del partido que lejos de ser atendidas fueron minimizadas y provocaron la salida de varios militantes importantes. Al final de esta década y en unas elecciones muy cuestionadas, llega al gobierno el presidente Carlos Salinas de Gortari con lo que empieza la desarticulación del PRI.

Tras un sangriento fin de sexenio llega Zedillo a la presidencia. Con Zedillo como presidente se inician reformas para garantizar el voto ciudadano. De esta manera crean la estructura por la cual ganaron la democracia, aunque perdieron la presidencia. En el año 2000 la ciudadanía votó para presidente por Vicente Fox. En esta elección la propaganda presentaba a Fox como “el voto útil”, era el que podía sacar del ejecutivo al partido gobernante. Si bien es cierto, que había habido un gran avance en cuestión democrática no se podía romper totalmente con las políticas implementadas los años anteriores por los gobiernos del PRI. De hecho los principales objetivos de este gobierno fueron darle continuidad y avanzar en algunas de las reformas económicas que ya habían empezado a darse años atrás, todavía bajo en poder del PRI.

Lo anterior, se debió a que desde la crisis de la deuda que se vivió en América Latina. En México, se optó por un modelo de apertura económica, de reformas orientadas hacia el mercado, lo cual hoy se conoce como el Consenso de Washington, ya que las reformas fueron promovidas desde esa ciudad por el gobierno norteamericano, a manera de condición para poder contar con la ayuda necesaria para salir de la crisis. En general el nuevo modelo económico contempló políticas públicas tales como: bajar el déficit público, reforma fiscal e impositiva, reorientación del gasto público, liberalización comercial y apertura a las inversiones extranjeras. Esto pudo ser posible porque en el ámbito político había un sistema muy centralizado de poder y con alta capacidad de controlar las decisiones.

No obstante, en los sexenios de Salinas y de Zedillo el PRI ya no podía gobernar solo. Para hacer reformas constitucionales o incluso pasar leyes en el último tramo de la administración de Zedillo se necesitaba el apoyo de otro partido político, PAN. Y precisamente entre 1988 y el año 2000 a México lo gobernó una coalición que permitió hacer cambios muy profundos, sobre todo en el ámbito económico. De alguna manera en esta coalición del PRI con el PAN fue la que permitió llevar adelante la agenda modernizadora. En el 2000 y a pesar del cambio de régimen político, en materia económica se dio paso a la continuación del modelo implementado en los últimos sexenios del PRI y las reformas necesarias para poder entrar al mercado globalizado y tener una economía totalmente abierta. Si bien las primeras reformas funcionaron, pues a partir de su implementación se logró que el déficit fiscal se redujera considerablemente, tuvieron un efecto positivo en la inflación, se consiguió mayor apertura económica y el país, sobre todo si se compara con otras naciones latinoamericanas, está en una posición económica privilegiada. Un balance de las primeras reformas muestra que el ajuste estructural, cuyo objetivo último era disminuir el tamaño del Estado, no resolvió una serie de problemas básicos. En particular, los niveles de pobreza, injusticia social y desigualdades en el reparto de las riquezas siguieron inaceptablemente altos.

Las llamadas reformas de segunda generación se dieron en un contexto político sumamente diferente al de las primeras reformas estructurales. El modo y estilo de gobierno que permitió llevar a cabo las reformas económicas de ‘primera generación’ a finales de los años 1980 y principios de los años 1990 había desaparecido para el momento de iniciar el proceso reformador de las reformas de “segunda generación”, que en términos de políticas publicas significan : reestructurar la administración pública y las relaciones de los distintos niveles de gobierno, mejorar la recaudación fiscal y la capacidad regulatoria del Estado, hacer una reforma laboral y del poder judicial, llevar a cabo la modernización legislativa, revisar la privatización o participación privada en empresas paraestatales estratégicas y revisar cuanta mas integración económica es necesaria con nuestros socios comerciales.

La nueva situación política del país, de apertura democrática, ha significado que muchas de estas reformas que son necesarias debido al modelo económico que se ha implementado desde hace más de dos décadas no se hayan realizado pues no se ha llegado a los consensos necesarios entre las diferentes fuerzas políticas del país para poder concretarlas. En julio del 2000, el presidente Zedillo gobernaba un país donde controlaba el 49% de la Cámara de Diputados y el 59% de la Cámara de Senadores. Unos meses mas tarde Fox, toma el poder con 41% de la Cámara de Diputados y el 36% de la Cámara de Senadores. Fox tomó posesión confiado en lograr la aprobación de las reformas al contar con 207 diputados del PAN en la cámara, asumiendo que podrían negociar con el PRI, el equívoco le costó al presidente no cumplir ninguno de los puntos planteados en el PRONAFIDE, es decir, no pudo llevar a cabo las reformas necesarias.

El actual gobierno ha luchado por tratar de llevar a cabo reformas en sectores estratégicos del país y aunque ha conseguido consensos no han sido suficientes. La consolidación simultánea de la democracia y de las reformas económicas exige cambios substanciales no sólo en la estructura institucional del Estado, también en el modo y estilo de gobierno. La reforma del Estado, el desarrollo institucional y el fortalecimiento de la gobernabilidad son procesos sumamente políticos que serán posibles solamente con una reestructuración profunda de la política en México. La reforma del Estado no puede ser completa sin la reforma del modo de gobierno y la participación de la sociedad, en otras palabras, la consolidación de la democracia. En este sentido los últimos diez años en México han sido únicos tanto en materia económica como política. Por un lado, se da una de la rupturas más significativas de la sociedad con el ya tan añejo régimen de poder y por otro lado, en el ámbito económico, la tendencia ha sido la de buscar la continuidad y complementación de proyectos de dos regimenes políticos diferentes, cosa que no se había logrado en muchos años aun cuando los gobiernos pertenecían al mismo partido político. (GFL)